La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH) hizo seis observaciones preliminares al proceso judicial en contra de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, en el que se le condenó a 10 años de cárcel por el caso golpe de Estado II, según trascendió este sábado.
La misión técnica de la OACNUDH indicó este sábado a través de un comunicado que realizó una observación del proceso judicial contra Áñez y las otras exautoridades policiales y militares, que luego de 28 sesiones también fueron condenadas en dicho caso. La Justicia determinó 10 años de cárcel para Áñez por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, mientras que a los ex altos mandos militares y policiales tienen desde cuatro a tres y dos años de cárcel.
«La observación se realizó a invitación de las autoridades competentes y tras ser aceptada por el Órgano Judicial y las partes del proceso», señala el comunicado de la OACNUDH. Además, enfatiza que se centró en «observar el respeto del debido proceso y la transparencia en los procedimientos judiciales, sobre la base de las normas, estándares y jurisprudencia internacionales».
La entidad agregó que «la observación no examina la evaluación de hechos y pruebas llevadas a cabo por el Tribunal. Tampoco es objeto de la observación comentar o refrendar las conclusiones del Tribunal sobre la responsabilidad penal de los acusados».
Las observaciones de la ONU
La primera observación es al tipo penal de «incumplimiento de deberes» que consideran que es «incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo». La segunda va entorno al «uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva como medida cautelar» que, además de ser un «desafío estructural en el país», observaron que en este proceso hubo una «acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos bajo diferentes delitos».
También, observaron el formato de las audiencias de este juicio que fueron híbridos, entre virtuales y presenciales, por la pandemia de COVID-19, que tuvo un «impacto» en el acceso físico de la audiencia al público en general, a los medios de comunicación y a los propios acusados. «Sobre todo afectó a las tres personas acusadas en detención preventiva que solo estuvieron presentes en las audiencias de manera física cuando el Tribunal se desplazó a los centros penitenciarios para tomarles la declaración inicial y final», detalla el comunicado.
Además, la entidad aseguró que las cuatro personas declaradas en rebeldía accedieron a la defensa pública, pero se «enfrentó con dificultades para desarrollar una estrategia de defensa técnica idónea y para acceder a información relevante». Asimismo, cuestionó la decisión del tribunal que llevó a cabo este proceso de «no exigir la comparecencia de testigos» que afectó a las partes «en sus derechos procesales».
Por último, hace referencia a la «participación de numerosas partes acusadoras» en este caso como la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno, entre otros, que afecta en el «equilibrio procesal».
Redacción Ver.bo
Fuente: DW
