El campo argentino está otra vez en guerra. Los productores protestaron este miércoles en las carreteras y paralizaron la comercialización de cereales, oleaginosas y ganado durante 24 horas. Exigieron al Gobierno del peronista Alberto Fernández una bajada de impuestos, además de acceso a divisas para comprar fertilizantes, neumáticos o repuestos para maquinaria. Dicen que el torniquete que el Ejecutivo impuso hace dos semanas al acceso de dólares para importaciones los está asfixiando. Y suman a la lista los impuestos que pagan por exportar. Para el Ejecutivo, en cambio, la protesta fue “un paro político de las patronales que no tiene ningún sentido”.
El Gobierno sabe que se enfrenta a un sector profundamente antiperonista. Aún está fresco el recuerdo del bloqueo de 2008, cuando productores de todo el país lograron que la presidenta Cristina Kirchner diese marcha atrás a una subida de los aranceles a las exportaciones. La “crisis de la 125″, como se la llamó por el número de la ley fallida, creó una mística de protesta que cristalizó en la Mesa de Enlace, donde se agrupan las cuatro principales cámaras del sector agropecuario. Esa misma Mesa de Enlace es la que ahora vuelve a enfrentar a la Casa Rosada.
“Este un grito de desesperación. El campo no da más”, dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), durante el mitin central de la protesta, organizado en la provincia de Entre Ríos, corazón de la cuenca sojera del país. “No solo por la presión impositiva, sino que también por la presión que se siente por la falta de políticas. Hay incertidumbre y desconfianza”, dijo. El campo argentino se siente, desde siempre, víctima de la avidez de un Estado al que acusa de ineficiente y corrupto. Y la relación con el peronismo ha sido históricamente conflictiva. Está en la base el modelo de sustitución de importaciones que desde la década del cincuenta del siglo pasado supone financiar la industrialización con los excedentes que produce la tierra. El campo es además la principal fuente de divisas de Argentina.
Seis de cada diez dólares que ingresan al país sudamericano por exportaciones son responsabilidad del campo. La cifra alcanzó el año pasado los 48.388 millones. Solo la soja representó en 2021 el 30% de ese total, seguido por el maíz, con el 12%. Para quedarse con parte de esa renta, el Estado aplica a la soja un 33% de retenciones a las exportaciones. Un estudio de la Fundación Agropecuaria por el Desarrollo de Argentina (FADA), determinó en marzo pasado que cuando se suman todos los impuestos, el 64% de los ingresos de los productores van a parar al fisco. El Gobierno atraviesa ahora una grave crisis fiscal por falta de dólares, pero no se ha decidido por una nueva subida de impuestos. La protesta de este miércoles fue, en cualquier caso, preventiva.
El detonante fue la escasez de gasoil para el transporte de mercadería y maquinarias agrícolas. Argentina es importadora neta de ese combustible. La disparada de los precios internacionales, producto de la guerra en Ucrania, y el inicio de la cosecha gruesa produjo un cuello de botella en el abastecimiento. 23 de las 24 provincias argentina se quedaron sin gasoil hace dos semanas, pero fruto de una agresiva política de importaciones la situación tendió poco a poco a normalizarse. El gasoil llegó a las estaciones, pero la convocatoria a la huelga se mantuvo. La cuestión de fondo es mucho más compleja que una carga de combustible, advierten los productores.
“Al campo se lo ve como una fuente de recursos fiscales, como algo que sirve sólo para recaudar”, se quejó Chemis. Recomponer la confianza será muy difícil. La vocera del Gobierno, Gabriela Cerruti, dijo que la huelga era una cuestión política, sin fundamento económico. El jefe de ministros, Juan Manzur, aseguró que el “el paro no conduce a nada”. Hay detrás años de rencores mutuos acumulados.
Redacción Ver.bo
Fuente: EP
